La Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales aprobada en noviembre permitirá a los partidos enviar propaganda a los usuarios mediante correo electrónico, Whatsapp o redes sociales. Esto será posible debido a que podrán recopilar datos personales sobre las tendencias políticas, generando así distintos perfiles ideológicos que serán utilizados durante las campañas electorales.
Esta ley fue aprobada con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes y, pese a que en la norma se menciona que estas actividades deberán estar amparadas por el «interés público» y hacerlo mediante las «garantías adecuadas», Unidos Podemos recurrirá al Tribunal Constitucional. Según expertos, esta nueva ley es una puerta abierta al spam electoral y se duda del correcto uso y destino de los datos obtenidos.
Algunos expertos como Borja Adsuara afirman que esta medida es «un escándalo» y que será estudiada por el comité europeo de las agencias de protección de datos. Por su parte, Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, sostiene que realizarán un control exhaustivo a los partidos ya que, pese a que la ley permite mandar propaganda no personalizada, no da permiso a realizar perfiles ideológicos, sexuales, religiosos o recopilar cualquier información que los usuarios den en Internet.
Por su parte, el catedrático de emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Tomás de Quadra-Salcedo, añade que esta ley debería ser motivo de discusión abierta en el Parlamento, y no «una enmienda que incorpora la previsión europea sin un debate claro y consciente sobre sus consecuencias y alcance».
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